El Estado tiene incapacidades para asumir múltiples esferas del desarrollo de la sociedad.
Por José Camilo Pimienta
El Estado Colombiano está llamado a garantizar el goce y disfrute efectivo de los derechos de los ciudadanos, y esto es por misionalidad, no un tema de banalidades o de caprichos, hoy día no existen garantías que permitan acceder al bienestar social total que se requiere para la ciudadanía, a pesar de ser uno de los países con mayor expedición de leyes regulatoria en el ámbito.
Los malestares sociales, necesidades insatisfechas y la precariedad del servicio, son algunas de las querellas más recurrentes de la población en los espacios de participación y debate social, con lo que se evidencia que el Estado tiene incapacidades para asumir múltiples esferas del desarrollo de la sociedad. Una de ellas, es la salud pública, de la que tanto se habla, pero poco se ocupan desde el Estado por acompañar o propiciar mejores estrategias para la protección de los derechos, adicionalmente, en los pocos ejercicios que realizan positivamente, se identifican ausencias de análisis intersectorial y de correlación de variables que pudiesen suscitar choques, causando muchas veces efectos contrarios a los pretendidos en los intentos administrativos.
La salud pública no es un juego, y no puede pretenderse mirarla como un relleno en la sociedad, es por el contrario la puesta en marcha de todo un andamiaje epistémico, practico, racional, que permite estudiar a profundidad la salud y la enfermedad en la población, sin embargo, en un país como Colombia hablar de esta desde el gobierno, solo es considerado en casos como la pandemia o de afectación masiva, no visibilizando o contemplando la operativización de esta como un ejercicio Inter seccional e intersectorial en las tomas de decisiones políticas, sociales y económicas.
Hay que dejar claro que la Salud pública como concepto y en la práctica da un alcance a la protección de la salud de la población, promover estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar.
Ahora bien, existen estrategias o denominaciones de sistemas que se interrelacionan y se complementan, una de ellas, es el sistema de seguridad social, como sistema público que tiene como objetivo asegurar a la población una serie de prestaciones mínimas que la proteja en caso de necesidades, como puede ser una enfermedad, situaciones de desempleo o ante una jubilación. Las condiciones de seguridad social en el país son precarias y poco dignas para la población, repercutiendo en la generación de enfermedades en la población beneficiaria de esta.
La salud pública, al igual que la seguridad social, tiene su origen institucional en actividades que el Estado, como expresión organizada de la sociedad, ha ido adoptando para hacer frente, colectivamente, a necesidades básicas de la población, estén relacionadas con problemas de salud o con mecanismos de protección social.
Sin embargo, a pesar de este origen compartido, la relación actual entre la seguridad social y la salud pública es escasa, por no decir inexistente. Una situación que debería ser corregida de inmediato, dado que las políticas de protección social (redistribución de la renta a través de las pensiones, el desempleo y las prestaciones por enfermedad e invalidez) pueden ser intervenciones fundamentales para reducir las desigualdades sociales en salud: un objetivo fundamental de la salud pública.
