El relator especial sobre el derecho a la privacidad le envió una carta al gobierno pidiéndole que investigue unas supuestas interceptaciones ilegales al teléfono de Luis Fernando Andrade. Sin embargo, la Fiscalía explicó que se hicieron con la aprobación de dos jueces.
La intervención de la ONU en el proceso judicial en contra del expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, se hizo evidente esta semana. El propio Andrade y su abogado en Estados Unidos, Víctor Mosquera, señalaron que el relator especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, le envió una carta al gobierno colombiano expresándole su preocupación por el caso, especialmente por las supuestas interceptaciones ilegales de las que habría sido víctima Andrade.
El exdirector de la ANI, investigado supuestamente por haber participado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, también aplaudió la intervención de la ONU en su caso y escribió en su cuenta de Twitter que espera que pronto el nuevo fiscal, Francisco Barbosa, atienda a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Entre ellas, en la comunicación del relator se lee que le pide al Gobierno que investigue, procese y sancione a quienes pudieran estar detrás de las interceptaciones ilegales, y que también proteja a Andrade y a quienes estarían siendo víctimas de estas chuzadas.
La Fiscalía ya se pronunció al respecto. Lo hizo la fiscal Amparo Cerón, quien hasta hace poco lideró uno de los equipos de investigación de Odebrecht y fue apartada del caso por el fiscal Barbosa. En un carta que ya le envió a la ONU, el ente investigador señaló que nunca se actuó por fuera de los parámetros de la ley y le aseguró que tampoco se han falsificado documentos. Según RCN Radio, la fiscal Cerón explicó que todas las llamadas que se grabaron se hicieron con el aval de dos jueces.
“En esta investigación, se obtuvieron interceptaciones a los teléfonos del señor Andrade, todas las cuales fueron plenamente legalizadas por los jueces 34 penal municipal con función de control de garantías y 76 penal municipal con función de control de garantías”, señaló Cerón en su carta, en donde explicó además que sí existió el cambio de un número telefónico de Andrade, pero que esto sucedió pues había un error mecanográfico. Para la fiscal, es contrario a la realidad cualquier afirmación que sugiera que se actuó por fuera de la ley.
Andrade fue llamado a juicio por dos investigacione diferentes. La primera porque, supuestamente, apoyó que la concesionaria Ruta del Sol (conformada por Odebrecht, Episol -del Grupo Aval- y CSS Constructores) recibiera la adición del tramo Ocaña-Gamarra de forma directa y no bajo licitación pública. Andrade, por su parte, ha explicado que esa adición no implicó un gasto extra para el erario, pues se usaron recursos del mismo contrato inicial.
Y la segunda, porque, supuestamente, el alto exfuncionario habría planeado junto con Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos, el envío de unos dineros dados por Yuma Concesionaria para cubrir unos huecos en la campaña del 2014. A cambio de estos recursos (serían $900 millones), Andrade habría favorecido a la concesionaria desde la ANI haciendo las gestiones necesarias para hacer una adición al tramo 3 de la Ruta del Sol, del cual está a cargo desde 2010.
El exdirector de la ANI ha sostenido en todos los casos que nada tiene que ver con el entramado de corrupción y que, por el contrario, él fue la piedra en el zapato para Odebrecht y sus socios.
