El Gobierno no puede apalancar una política o un gasto nacional gravando la propiedad inmobiliaria.
Por Néstor Humberto Martínez
Cecilia López ha ofrecido varias entrevistas en las que avanza en precisiones sobre la política agropecuaria del próximo cuatrienio. En buena hora, lo primero que ha salido a decir es que “va a haber reforma agraria sin expropiación”. Para redistribuir la tierra, ha dicho, se optará por comprarla. Para dichas compras, “la plata saldrá de impuestos”, indicó la nue-va ministra a la revista ‘Semana’.
Y ahí sí que el problema es mayús-culo. Porque, según el plan fiscal de la Colombia Humana, la avalancha de impuestos que se nos anuncia está comprometida, con creces, en otros asuntos. De hecho, los 50 billones de nuevos tributos son insuficientes para financiar los programas asistencialistas en favor de los adultos mayores y las madres cabe-za de hogar vulnerables; el mínimo vital de agua, el plan de empleo de última instancia y el proyecto de los médicos domiciliarios.
Tal vez por ello, Cecilia López se anticipa a buscar recursos mediante el catastro multipropósito. Ha explicado públicamente que este tendrá una doble finalidad frente a la tierra, obligando a los propietarios a volverla productiva, según el criterio del Gobierno, o gravándola con impuestos mayores, en el evento de que se opte por mantenerle su uso. Son muchos los analistas que indican que detrás de esta disyuntiva hay es un velado interés de expropiación. Porque –según ellos– los nuevos impuestos, contra los propietarios renuentes a cambiar el uso de la tierra, solo podrán pagarse mediante su entrega al Estado, en especie.
Independientemente de esta voz de alarma, lo cierto es que no es posible ponerle impuestos a la tierra, para adelantar una reforma agraria integral y cumplir con el punto uno del acuerdo de La Habana. La razón es muy simple: en Colombia los gobiernos no pueden apalancar una política o un gasto del orden nacional gravando la propiedad inmobiliaria. En efecto, el artículo 317 de la Constitución prescribe: “Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble”. Lo que quiere significar que el legislador no puede destinar partidas que sean producto de impuestos sobre la tierra, como lo propone la ministra, para financiar programas de rango nacional. Es que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional desde 1997, la ley puede regular la esencia de tales tributos, siempre que respete “el núcleo esencial de la autonomía (REGIONAL)”, por cuya virtud los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria solamente puede ser fuente de gasto de los entes municipales. Nun-ca de la Nación.
La doctrina de la Corte Constitucional ha llegado a sostener que, de esta manera, no solo se afianzan elementos fiscales para el sostenimiento municipal, sino que el art. 317 de la carta política establece, al mismo tiempo, en favor de los contribuyentes, “un elemento de justicia y certeza tributarias, pues impide que se establezca un doble gravamen por el ejercicio de la propiedad inmueble”, uno en cabeza del municipio, a través del catastro, y otro nuevo a favor de la Nación, como se anuncia por estos días.
Así las cosas, a menos que la nueva administración se proponga reformar la Constitución, es necesario que todo propósito sectorial de la ministra se valore previamente frente a la carta y a la ley, para no malograrlo. En el presente caso, queda claro que la propuesta anunciada nace coja por razones de constitucionalidad. Como tampoco es posible “comprar baldíos” para democratizar la propiedad agraria, como lo precisa la nueva funcionaria, no por razones de política, sino porque los baldíos son del Estado y este lo que debe hacer es recuperarlos frente a los crecientes invasores.
La ministra bien podría, entonces, ponerles el ojo a los miles de hectáreas bal-días que durante los últimos años han sido incautadas a narcotraficantes y guerrilleros, y puestas a disposición de la Agencia Nacional de Tierras, antes de que vuelvan a manos de colonizadores ilegales.
Taponazo. La esencia de la devaluación de nuestro pesito no es por los ‘estornudos’ de las economías de Europa y Estados Unidos. ¡Es por las expectativas económicas, maestros!
